Recientemente se informó que la Corte Suprema ordenó a las cortes de Apelaciones de todo el país abrir investigaciones administrativas contra los funcionarios del Poder Judicial que cobraron el bono de $500 mil, el cual iba destinado a la clase media por la pandemia y que había que solicitar a través del Servicio de Impuestos Internos (SII).
De esta forma el máximo tribunal indicó que se indaguen “las circunstancias y demás antecedentes tenidos en cuenta para que los citados funcionarios solicitaran y percibieran el referido beneficio, la que deberá estar a cargo del Fiscal o Fiscala Judicial que dicha Corte designe. Con el mismo objeto indicado precedentemente, remítase a la Fiscala Judicial de la Corte Suprema la nómina correspondiente a los funcionarios de este tribunal, que figuran en la documentación acompañada”.
La indagatoria se da luego que el SII determinara que varios funcionarios públicos recibieron el beneficio sin haber contado con los requisitos que se requerían, solicitando la devolución del dinero, trámite que se puede hacer hasta noviembre.
Uno de los requisitos para obtener el beneficio fiscal decía relación con haber perdido el trabajo, es decir, estar cesante, o haber visto reducida en forma considerable la renta, lo que en el caso de los funcionarios públicos, no habría ocurrido.