Una trabajadora social hizo todo lo contrario a lo que debería una persona que estudió esa carrera: se descubrió que la funcionaria del Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid, España, falsificó el documento nacional de identidad de un hombre fallecido en 1980 para cobrar su pensión de jubilación por incapacidad absoluta durante 33 años.
De acuerdo a la acusación de la fiscalía, que la acusa de delito de estafa y otro de falsificación de documento, la mujer lo hizo desde el 1 de abril de 1980 hasta el 31 de julio del 2013.
Por estos delitos, la fiscalía pide seis años de cárcel para la trabajadora social,pero además que abone al Instituto Nacional de la Seguridad Social una indemnización de 205.590 euros.
Juana Igeño prestaba sus servicios como trabajadora en dicho psiquiátrico de Madrid, donde estaba internado J.P.M., quien murió el 17 de marzo de 1980. Gracias a que el fallecido no tenía familiares conocidos, la acusada se apropió de su cédula de identidad y documentación bancaria con el fin de seguir percibiendo la pensión de jubilación por incapacidad absoluta que le había sido concedida en 1977. La cantidad a percibir inicialmente fue de 104,16 euros mensuales, pero en el 2013 ascendió a 689,15 euros, más de 750 dólares.
Para ingresar el dinero, el 23 de diciembre de 1981 la acusada abrió una cuenta corriente a nombre del fallecido donde domicilió el pago de las pensiones y desde donde retiraba en efectivo todos los meses el dinero ingresado. A partir del 2008 modificó su modus operandi y falsificó una autorización a su favor firmada «aparentemente» por J. P. M. que le permitía hacerse con el dinero, publica El Periódico.
En enero del 2013 la entidad bancaria instó a la acusada a que aportara una Fe de Vida y Estado del titular de la cuenta, «que la acusada obtuvo del Registro Civil Único de Madrid», presentando el DNI original del fallecido, y una autorización a su favor para solicitarla, «que ella misma había confeccionado imitando su firma».