Como un “acto impresentable de prepotencia” definió el abogado Roberto Ávila la acción que lo tiene interponiendo una demanda en el 23º Juzgado Civil De Santiago, en defensa de su representado, José Miranda Astorga, el camarógrafo que fue agredido por José Miguel Viñuela, quien le cortó el pelo contra su voluntad y en vivo, durante las transmisiones del matinal “Mucho Gusto” de Mega, hecho que derivó en la salida del animador del programa.
En entrevista con Ciudadano ADN, el profesional dio su opinión con la situación vivida por su defendido. “Trabajé en el ámbito de los DD.HH. en la década del 80, donde la gente pasaba por terribles sesiones de tortura, y quedaban en condiciones similares a cómo vi a José ayer. Si bien no fue violencia explícita, se trata de un acto vejatorio que lo humilla en cámara, y violenta gravemente su dignidad como ser humano”. Hoy, el camarógrafo está con 15 días de licencia médica tras lo ocurrido.
Ávila recordó las diferencias de poder entre el conductor y el camarógrafo atacado por él. “El señor Viñuela es un rostro de televisión que gana muchos millones, de familia adinerada. No haría lo mismo con la periodista Onetto o con la animadora Bolocco. Mi defendido estaba en una situación de indefensión y tiene que soportar una tropelía”, la que no solo se remitió al corte de pelo, sino que “después, cuando estaba en la peluquería, llegó a continuar la mofa el señor Viñuela”.
La demanda civil presentada en representación del trabajador está dirigida a Viñuela, y no a Mega. “No tenemos ningún antecedente de que esto corresponda a una política del canal, a que se le hayan dado instrucciones (a Viñuela), o que alguien pudiera pensar que va a ganar rating a costa de actos vejatorios de sus animadores. La actitud del canal ha sido condenar la situación, y el sindicato dijo lo mismo”, enfatizó el abogado.
Sin embargo, está consciente de que se trata de un comportamiento que “se vive en empresas e instituciones públicas y privadas cuando alguien se ve obligado a cuidar su empleo. Las muchachas bonitas tienen que soportar los piropos de sus jefes, los gritos, los insultos, porque hay que cuidar la pega”. Por eso, con esta demanda espera sentar un precedente, “que no se pueda jugar con la dignidad de las personas”.
Si bien Ávila y Miranda están pidiendo una indemnización de 100 millones de pesos, el abogado insistió en que se trata de un requisito legal. “La única forma de llegar a un tribunal civil es pedirle algo. Por eso nosotros demandamos por 100 millones, pero lo más importante es que se establezca el hecho y se condene. Lo que señale el tribunal lo acatamos. Que la persona se haga responsable. Es una responsabilidad puramente civil, no penal”.
Tampoco se trata de un caso que pueda ser resuelto por la justicia laboral, ya que ésta analiza conflictos devenidos de un contrato de trabajo, y “no hay una relación contractual entre mi representado y José Miguel Viñuela. Son dos personas que están en un mismo trabajo, pero una tiene una situación de preeminencia desde donde comete abuso y vejamen”. Frente a eventuales actos reiterados en los que Viñuela habría incurrido, el abogado expresó que “hay indicios, habría escupido en cámara a una persona, pero el sindicato (de trabajadores de Mega) sabe de eso más que yo”.
Por ahora, no hay respuesta por parte del ahora exanimador del matinal, “salvo esa mofa a la que lo fue a someter a la peluquería. El señor Viñuela emitió una declaración pública dirigida a los telespectadores”, lo que para Ávila es una señal de que “le preocupan ellos, no la víctima”.
Ávila criticó el uso de “el dolor y el sufrimiento como espectáculo”, haciendo un paralelo entre la situación de Miranda y el caso de Karin Eitel, mujer torturada que fue obligada a salir en televisión en 1986, durante la dictadura. “El dolor como espectáculo degrada a quien recurre a ese método y degrada a la sociedad. Muchas personas que nos están escuchando pueden haberlo vivido en su empleo, que los vulneren en su dignidad y tienen que reírse para conservar la pega”.
Por eso, Ávila espera sentar jurisprudencia al respecto. “Sería bueno que los tribunales se pusieran a tono con los tiempos. No es un problema de plata, sino de dignidad”. El abogado cree que se trata de una “situación de DD.HH.”, tomando en cuenta que “el derecho a la honra de las personas está en la declaración de los Derechos Humanos, e incluso en nuestra Constitución. Si el Estado chileno no sanciona esta conducta, se transforma en violación a los Derechos Humanos, y a través de los tribunales ampara la conducta vulneratoria”.
Ahora, el demandado debe responder en el transcurso de 15 días. La sentencia condenatoria, espera Ávila, “da donde le duele: en el bolsillo”. Si se logra ganar el juicio, “estoy seguro que muchos abusadores lo van a pensar dos veces”.
